AGENDA DEL APRA EN EL NUEVO SIGLO

CONAPLADES, Febrero 2001

I N D I C E

AGENDA DEL APRA EN EL NUEVO SIGLO

A. MARCO DOCTRINARIO

B. PROPOSICIONES

B.1. LA REFORMA DEMOCRÁTICA DEL ESTADO

B.2. LINEAMIENTOS BÁSICOS POLÍTICO-INSTITUCIONALES

Con respecto a las Fuerzas Armadas

Con respecto a la Policía Nacional

Sobre la Constitución

Sobre la Administración Pública

B.3. ÉTICA Y MORAL PÚBLICA

B.4. DERECHOS HUMANOS

B.5. ECONÓMICO-SOCIAL

Sobre el Estado

Sobre la Educación

Sobre la Salud

Sobre el Medicamento

Sobre la Seguridad Social

Sobre el Medio Ambiente

Sobre Economía y Desarrollo

Sobre la Moneda

Sobre la Deuda

Sobre Política Laboral

Sobre las Personas con Discapacidad

Sobre Energía

Sobre el Sector Industrial

B.6. POLÍTICA EXTERIOR

MIEMBROS DE CONAPLADES

A. Marco doctrinario

Bajo el título de "AGENDA DEL APRA EN EL NUEVO SIGLO – Democracia, Desarrollo y Justicia Social", CONAPLADES resume en este trabajo una serie de propuestas elaboradas en los últimos 4 años, relacionadas con la actual y posible gobernabilidad del Perú, desde el punto de vista aprista.

Formular algunas de estas imprescindibles premisas, principalmente las económicas y sociales, no han sido tarea fácil, teniendo en consideración nuestros antecedentes doctrinarios de larga data y nuestra práctica más reciente de gobierno. En ambos casos, en la teoría y en la práctica, fuimos decididos partidarios de una participación gravitante del Estado en el manejo de la política socioeconómica nacional. Al respecto, el P.A.P. tiene antecedentes históricos de liderazgo entre los partidos de la izquierda democrática en Indoamérica y el mundo, que le señalan una clara responsabilidad doctrinaria que no podemos soslayar.

En el caso del APRA tenemos el mandato imperativo de ahondar en la realidad para que de este análisis surjan las justificaciones para las perseverancias y, también, las justificaciones para los cambios. El relativismo nos enseña que nada de lo que el hombre aprende y formula es inmutable; pero los cambios hay que explicarlos. Adoptar una doctrina no es un problema de "moda", como la de usar o no usar sombrero. Fuimos, con Haya de la Torre a la cabeza, forjadores de una doctrina, dentro de la cual se insertan fundamentales criterios económico-sociales, que, sin duda, debemos actualizar, pero con argumentación coherente y válida.

Sin embargo, responder a la necesaria actualización de nuestro Partido, alegando sólo que sus planteamientos doctrinarios y programáticos deben actualizarse para hacer frente a la cambiante realidad so pena de quedar obsoletos, imprácticos y desfasados en el devenir histórico-político, puede resultar simple e ingenuo, de no mediar un análisis más profundo de esta realidad, de sus antecedentes y de sus consecuencias.

La fase actual de mundialización de la economía o de la globalización, es la etapa más avanzada del desarrollo de las fuerzas productivas, una tendencia progresiva del desarrollo humano y, por tanto, no cabe "oponerse" a su realización. Este proceso objetivo hay que diferenciarlo de la ideología que difunde el gran capital financiero internacional para que le dejen hacer lo que quiera en beneficio propio. El problema, como en todas las fases anteriores del progreso histórico es que los avances de la mundialización favorezcan a toda la humanidad y no sólo a un pequeño grupo de privilegiados que margina a la gran mayoría.

Ese es el debate central en las sociedades avanzadas, preocupadas en buscar fórmulas que superen el horror económico producido por las políticas neoliberales, que excluyen, sin piedad, a un tercio de la población -aún en esas mismas sociedades altamente industrializadas- creando severos problemas de desempleo. Felizmente, las dogmáticas recetas neoliberales que se impusieron a principios de la década del 80 están siendo descartadas porque mostraron un rostro inhumano y consecuencias negativas para las economías que las aplicaron. Actualmente en el mundo se organiza la sociedad del conocimiento, mientras se globaliza la economía y se universaliza la democracia.

Los derechos humanos, que inicialmente fueron concebidos como postulados declarativos de carácter ético-social, se han transformado en mandatos imperativos legales de cumplimiento obligatorio y universal, a través de convenios y organismos internacionales .

En este orden de ideas, señalaremos en el campo económico algunos hechos y comentarios. Sin duda, el desastre económico de los regímenes comunistas reivindicó al capitalismo como el camino más propicio para el desarrollo económico. Como afirma Anthony Giddens, autor del libro "La tercera vía", "ya no hay nadie que tenga alternativas al capitalismo; los argumentos que subsisten tienen que ver con la intensidad y las formas en que el capitalismo debe ser gobernado y regulado". Pero de allí a identificar al capitalismo sólo con la actividad privada y la globalización para enfatizar la supremacía del mercado y descartar toda intervención estatal, es un oportunismo abusivo que la realidad desmiente.

Sin intervención estatal, ¿cómo podríamos evitar que la cultura, la educación y la salud puedan ser tratadas como simples mercancías en el mercado? Son aspectos que, desde nuestra concepción doctrinaria aprista, deben tener un valor principista-cualitativo en la sociedad.

Recientes acontecimientos económicos, de repercusión internacional, han puesto en evidencia la extrema vulnerabilidad de los países pobres como el Perú, inmerso en un sistema de mercado y globalización mundial desregularizado, al cual son ajenos en su gestión pero de los que dependen obligadamente. Vulnerabilidad que se explica porque una parte significativa de su población no participa de la economía moderna, no compra ni vende y, por lo tanto, los beneficios sobre precios y calidad, que brinda la competencia globalizada, le son ajenos; porque los niveles educacionales de una gran mayoría de nuestra población son insuficientes para satisfacer las exigencias de una actividad productiva moderna y competitiva; y, finalmente, porque los beneficios de la seguridad social sólo se aplican a una reducida parte de la población total, que se encuentra, por tanto, inerme frente a las crisis económicas y a la desocupación, que son inherentes a las exageradas prácticas privatistas y globalizantes.

En su concepción teórica, el neoliberalismo afirma que el sector privado proveerá el capital necesario para el financiamiento del desarrollo; es decir, el capital privado atenderá las necesidades de inversión por parte de las economías emergentes. La realidad nos demuestra fehacientemente que el capital privado sólo acude hacia los países y sectores que ofrecen un rendimiento atractivo. ¿Quién, por ejemplo, va a satisfacer las premiosas necesidades en el campo de la educación, la salud y el hambre en nuestras poblaciones en extrema pobreza, cuyo financiamiento no constituye un aliciente para el capital privado? La teoría del "chorreo" de ninguna manera garantiza su financiamiento y sólo la convierte en una suerte de "darwinismo" económico.

Los defensores de la libertad económica irrestricta, tan celosos en materia del libre comercio de bienes y servicios, no lo son en cambio en cuanto a la movilidad de la mano de obra, pues para ellos la globalización económica representa la solución de los problemas del desarrollo sin preocuparse por la globalización social.

Por otro lado, no hay evidencia concluyente que una práctica exclusiva de los postulados neoliberales sea el camino para el éxito económico. Se basa -como afirma con acierto el Premio Nobel de Economía Amartya Sen- "en algunas generalizaciones sesgadas y demasiado simplistas, como la que las experiencias del desarrollo han demostrado la irracionalidad del intervencionismo estatal en contraste con las virtudes incuestionables de la economía pura de mercado y de que el requisito indispensable para el desarrollo es el paso de la planificación económica al mercado."

Por ejemplo, no hay explicación demostrativa de que el éxito de la economía japonesa y otros países asiáticos sea sólo achacable al uso ortodoxo de las teorías económicas neo-liberales. En realidad, su práctica ha sido y es un híbrido favorecido por condiciones socioeconómicas propias que no pueden transplantarse fácilmente a otras realidades. Esta política denominada "el modelo del estado desarrollista" acepta y practica las tesis del mercado y la globalización sin abjurar de la participación estatal, en beneficio de un sano desarrollo económico con equilibrio social.

Después de casi una década de prácticas económicas neoliberales, durante los diez años del gobierno fujimorista, las estadísticas muestran que más de la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA) -el 52% de ella- está sin trabajo o subempleada, incluyendo 4 millones de peruanos que viven en la miseria o pobreza extrema. A despecho de los indicadores macroeconómicos, de fuentes fujimoristas, sobre inflación y crecimiento, se constata una situación denigrante del pueblo peruano en su condición humana. Actualmente los sueldos y salarios son en promedio 80% menores a los de la década de los sesenta y el índice de pobreza alcanzó, en el año 2000, el 51.4% de la población. Es cierto que se ha controlado la inflación, pero a costa de instaurar una recesión agobiante; la agricultura, la industria y la actividad pesquera –principales fuentes de trabajo- han colapsado; originando, como actividad económica alternativa, el trabajo informal con precarias remuneraciones y desprovisto de elementales protecciones de seguridad social.

Por otro lado, el mismo gobierno emprendió una práctica privatista a raja tabla basada en una filosofía económica neoliberal fundamentalista que ha liquidado la mayoría de nuestros activos, a precios de remate, sin darse cuenta que el Estado Empresario no es ineficiente por ser Estado sino por ser monopolio y olvidando que las empresas privatizadas sin competencia caen en el mismo error.

¿Cómo explicar, entonces, la incongruencia que nos muestra la pavorosa situación económica que confrontamos hoy como la insolvencia de 2,500 empresas; a pesar de que la inversión extranjera pasó de US$ 1,302 millones en 1990 a US$ 9,294 millones en 1999; si además la privatización proporcionó US$ 8,900 millones de ingresos extra al erario público entre 1993 y 1999 y el Perú se benefició con préstamos del exterior en el mismo período por un monto de 14 mil millones de dólares?

Por estos resultados, deviene imposible que los postulados del neoliberalismo puedan aplicarse, exclusiva y universalmente, en un mundo compuesto por países de grandes disparidades económicas, como el Perú, en donde los graves problemas de los más débiles resultan insolubles con la aplicación exclusiva de sus recetas, tal como se gobernó el Perú con el fujimorismo, el que impuso prácticas económicas neoliberales, en el afán político de lograr un país con aceptables indicadores macroeconómicos de dudosa veracidad para el beneplácito de los influyentes organismos internacionales de crédito y el Fondo Monetario Internacional, inicialmente propiciadores de estas políticas.

Aparte de estas dolorosas experiencias, los apristas, en la búsqueda del diseño de un marco conceptual de una nueva y necesaria política económica para el Perú, no podemos dejar de tomar en consideración los fracasos consecuentes de una desmedida intervención estatal y la práctica de políticas antitécnicas como la indiscriminada sustitución de importaciones, la exagerada participación empresarial estatal, el arbitrario control y uso de las divisas, como lo que sucedió con el dólar MUC, el burocrático control de precios y la práctica de demagógicas subvenciones crediticias.

En este afán, debemos encontrar un equilibrio para cada política sectorial entre la teoría del mercado y la necesaria participación del Estado, a fin de lograr la adjudicación acertada de los recursos y una justa distribución de los beneficios. Como para este propósito no existen postulados universales válidos para realidades diferentes, su diseño y práctica deben responder a un cuidadoso estudio de cada sector. No es lo mismo, en un país como el Perú, diseñar el marco para una política industrial que para el sector agrícola, el minero, el pesquero o el sector financiero. Así lo entiende el APRA y así lo quiere practicar.

Este equilibrio, objetivo de un probable Gobierno Aprista, debe encontrarse en el logro armonioso de metas económicas, tales como una reducida inflación, un realista crecimiento del PBI, una razonable tasa de desocupación e inflación, que aunque antitéticos entre sí, deben tratar de alcanzarse sin esfuerzos traumáticos, como en el presente que, si bien es cierto hemos controlado la inflación, la hemos alcanzado a costa de un deshumanizado afán de pagar la deuda externa, en lugar de combatir la recesión utilizando nuestras reservas para estimular la producción y el consumo en nuestro mercado interno. De allí que la renegociación de la deuda externa, en términos compatibles con nuestras necesidades y posibilidades, deviene ineludible para cualquier próximo gobierno.

La Iglesia Católica -con acierto que nosotros, los apristas, adherimos- preconiza un manejo económico que se resume en: "la vida antes que la deuda", que ponga rostro humano a la política económica y que preconice, en su manejo, el retorno de los valores éticos de la solidaridad humana, porque los mecanismos de la oferta y la demanda no podrían convertirse jamás en valores sociales, puesto que la sociedad se rige por valores propios de la vida y cuya expresión y formulación corresponden a una dimensión superior de la actividad humana.

En el Perú, desde el golpe de abril de 1992, en que se disolvió el Congreso, las instituciones democráticas fueron de mal en peor. La Constitución de 1979, fruto de un acuerdo nacional entre las fuerzas políticas, fue reemplazada por otra que anula conquistas sociales fundamentales y libertades democráticas esenciales, para consagrar, por el contrario, el dogma neoliberal. El Tribunal Constitucional fue prácticamente anulado, al ser expulsada la mayoría de sus integrantes por oponerse legalmente a la reelección presidencial. El Poder Judicial fue intervenido hasta permanecer bajo el control de un oficial retirado o de abogados vinculados a los servicios de inteligencia. El Ministerio Público fue vergonzosamente atropellado para garantizar la preeminencia de una Fiscal adicta al régimen. La Fuerza Armada fue humillada al someterla al designio de un ex-oficial expulsado de sus filas por traición a la Patria. Los partidos políticos y los sindicatos fueron ignorados para evitar que las fuerzas sociales se organizaran en defensa del bien común y se favoreciese, por el contrario, movimientos sujetos a la autoridad vertical de la elite gobernante.

Como los neoliberales impusieron sus reglas, hubo un grave divorcio entre ética y política. Altos funcionarios del régimen pasado se han enriquecido haciendo uso y abuso de su poder para favorecer a sus empresas. Las licitaciones públicas constituyeron excepciones y, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, imperó el criterio inmoral de que es permisible usar el cargo público para lucrar. No existió incompatibilidad entre el puesto público y el ejercicio privado de los negocios, por lo que, a diferencia de cualquier país civilizado, aquí no hubo sanción para el conflicto de intereses. Como consecuencia, la práctica neoliberal en el Perú fujimorista ha terminado en una "cleptocracia" generalizada.

Por otra parte, el proceso de descentralización y regionalización del país ha sido desarticulado, reforzándose un centralismo asfixiante que intentó ser disimulado con la política asistencialista que Fujimori promovió como parte de su campaña reeleccionista. La institucionalidad democrática prácticamente no existió y, hasta las entidades creadas para supervisar los servicios privatizados o proteger al consumidor fueron manipuladas en función del interés político del gobernante.

En suma, se instauró en el país un régimen cívico-militar en el cual los servicios de inteligencia pesaron más que cualquier institución republicana. Que un país sea gobernado por servicios secretos, significa que la transparencia y la responsabilidad de las autoridades, rasgos que son la clave de la institucionalidad democrática, no existen. Quienes dirigieron los servicios secretos tuvieron patente de corso, al extremo de que se negó todo tipo de información sobre sus ingresos económicos y tuvieron tal poder que intervinieron a discreción en el manejo cotidiano de todos los problemas del Estado.

Tal gobierno que se basó en el secreto de la toma de decisiones, que extendió los métodos militares al manejo de los asuntos públicos, no hizo más que caricaturizar la democracia y alterar negativamente los patrones de conducta de la sociedad.

Por estas razones, frente a un nuevo proceso electoral, el reto que tenemos los apristas es muy grande: se trata de recuperar la confianza de las mayorías nacionales en los valores fundamentales del desarrollo humano para hacer posible la democracia y la justicia social. Tarea que el APRA asume decididamente con la formulación de estos lineamientos de acción política, expresión de su posición de izquierda democrática.

B. PROPOSICIONES

B.1. LA REFORMA DEMOCRÁTICA DEL ESTADO

El país debe organizar un régimen político democrático, sustentado en la plena vigencia de las libertades y del pluralismo, basado en la vigencia de las instituciones y de la ley, y en el ejercicio regular del sufragio universal. Un Estado de ciudadanos libres, con condiciones materiales que permitan la igualdad de oportunidades. Esto es lo que el aprismo entiende por un Estado Social de Derecho; es decir, un Estado de Justicia Social, de Pan con Libertad.

El régimen político debe ser la expresión permanente de la voluntad ciudadana, un instrumento capaz de canalizar, de manera pacífica y democrática, los diversos intereses sociales. Por tanto, debe organizar una administración eficaz que garantice dicho propósito en todos los niveles.

Para ello proponemos lo siguiente:

Vigencia plena, como normas constitucionales, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre aprobados en NN.UU. en 1948 y demás pactos y convenios sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las Naciones Unidas y otros foros intergubernamentales.

El Congreso de la República debe ser fortalecido para que represente realmente a los pueblos del Perú, de forma tal que los ciudadanos fiscalicen la labor de sus representantes y éstos, a su vez, sean capaces de controlar el ejercicio del poder por el Ejecutivo. Para ello, la representación nacional debe elegirse por distritos electorales múltiples (uninominales y plurinominales). El mandato de los representantes nacionales a las cámaras será de cuatro años, con posibilidad de ser reelegidos. El Congreso se renovará por tercios cada dos años.

Para el adecuado funcionamiento del régimen político, es imprescindible la existencia de asambleas regionales elegidas por el voto ciudadano directo de sus respectivas circunscripciones.

La separación de funciones entre Jefe de Estado y Jefe de Gobierno.

El Congreso deberá ratificar el nombramiento del Presidente del Consejo de Ministros.

B.2. LINEAMIENTOS BÁSICOS POLÍTICO-INSTITUCIONALES

Ejercitaremos el pleno respeto a los partidos políticos, al pluralismo y a la formación de movimientos políticos; es decir, respecto a que los ciudadanos y ciudadanas puedan asociarse libremente en partidos y/o movimientos políticos. Para lo cual se promulgará una Ley de Partidos Políticos y de Participación Ciudadana, luego de un amplio y democrático debate nacional. De la misma forma, se dictaminará una Ley Electoral que considere la representación democrática y equitativa de los distritos electorales en el Congreso de la República y los Gobiernos Regionales.

El pueblo debe ejercer el Poder Público mediante el sufragio. Debe existir equilibrio de poderes (Legislativo, Ejecutivo, Judicial) a través de un sistema de independencia, coordinación y recíproco control. El equilibrio de poderes debe tener, además, un contenido espacial: central-nacional, regional y municipal-local.

Para la democratización del poder en el espacio nacional, rescataremos la naturaleza democrática de los Gobiernos Regionales y Municipales.

Sostendremos que el Gobierno Nacional debe estar basado en la democracia representativa, pluralista, participativa y emergente; como conceptos y prácticas no excluyentes sino complementarias.

El ejercicio de una Gobernabilidad Democrática exige la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la gestión y administración del poder legítimo: lo que significa la transformación en la técnica de la gestión pública de formulaciones, aplicaciones, seguimientos y evaluaciones en las políticas económicas y sociales nacionales, sectoriales y regionales.

Diseñaremos mecanismos, instrumentos y procedimientos para la concertación entre el Estado y los actores sociales organizados de la Sociedad Civil, para la discusión y debate previo a las decisiones más importantes del Poder Público, incorporando a los actores sociales en la toma de decisiones. De esta manera, se practicará una política democráticamente incluyente de actores y grupos sociales organizados o no.

Con respecto a las Fuerzas Armadas:

Deberán estar subordinadas al poder civil democráticamente elegido.

Estarán conformadas por ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos políticos. los procesos de integración regional y continental. Sus mandos internos serán designados de acuerdo con un estricto orden de méritos entre el personal en actividad, e institucionalmente tienen carácter no deliberante, sujetas al poder constitucional.

Deben profesionalizarse y despolitizarse, volviendo a reinstitucionalizarse bajo criterios estrictamente técnico-castrenses.

Debe racionalizarse el número de los efectivos de las FF.AA. en función de la reconceptualización de la seguridad nacional y en función de las políticas y acuerdos multilaterales de integración regional sobre defensa continental.

El ascenso al grado de Oficial General y Almirante requerirá obligadamente estudios de post-grado en cualquier especialidad académica.

Crearemos la Central de Información Nacional como órgano de un sistema integrado dependiente de la Presidencia de la República y al servicio del Estado. El Jefe del C.I.N. será nombrado por el Congreso.

Con respecto a la Policía Nacional

Redefiniremos el papel de la Policía Nacional del Perú, trasladando a los gobiernos locales los asuntos relativos a la seguridad ciudadana y el control del tránsito vehicular. Las rondas urbanas y campesinas serán incorporadas en este proceso bajo responsabilidad de los municipios. Los jefes de la policía municipal serán elegidos en las listas electorales municipales.

Pondremos en operación un Plan de Seguridad Ciudadana a cargo de la Policía Nacional del Perú, que racionalice los múltiples servicios y medios que se vienen empleando en beneficio de los costos actuales de la seguridad.

Sobre la Constitución

Actualizaremos la Constitución de 1979 en lo relativo a:

Doble debate parlamentario en la formulación de leyes

Facultad de casación de la Corte Suprema en casos del Fuero Militar. Los Tribunales Militares sólo juzgarán delitos y faltas de función. Se abolirá el anonimato en los juicios. El Poder Judicial ejercerá su función jurisdiccional sobre los fueros privativos de cualquier naturaleza.

Ratificación de los ascensos de los Oficiales Generales y Almirantes por el Congreso de la República.

En lo concerniente a la descentralización

En lo concerniente a la reelección presidencial.

En lo concerniente a las funciones del Poder Ejecutivo y del Presidente de la República.

Se reunificará el Sistema Electoral en el Jurado Nacional de Elecciones.

Sobre la Administración Pública

La Administración Pública, por ser la organización a través de la cual el Estado ejerce sus funciones, será tecnificada y racionalizada. La carrera administrativa regulará los ingresos, los derechos y deberes de los servidores públicos. El Sistema Único de Remuneraciones se establecerá para toda la Administración Pública. Se replanteará la Ley de la Carrera del Funcionario Público.

B.3. ÉTICA Y MORAL PÚBLICA

Combatiremos la corrupción y la inmoralidad en todas sus formas dictando las leyes anticorrupción que sean necesarias:

Estableciendo el Juicio de Residencia a las autoridades de todo nivel al dejar el cargo, cuyas declaraciones juradas de bienes serán evaluadas en lapso perentorio por las autoridades judiciales correspondientes.

Legislando sobre el conflicto de intereses para evitar que altos funcionarios públicos o representantes de la Nación, aprovechen el cargo en beneficio propio o de sus familiares cercanos, haciéndolo extensivo a la prestación de servicios en empresas privadas relacionadas con el sector donde han servido.

Introduciendo en el Código Penal el delito de corrupción agravada, duplicando las penas por delitos económicos y financieros cometidos por autoridades políticas y la declaración de imprescriptibles de los delitos económicos cometidos por los altos cargos del Estado o asesores de alto nivel.

Ejecutaremos el Programa de Lucha Frontal contra el narcotráfico y su perniciosa influencia corruptora en las autoridades públicas.

Respetaremos el cultivo tradicional de la coca y se promoverá su uso industrial y medicinal.

Promulgaremos la Ley sobre la Transparencia de la Función Pública, que logre, como su nombre lo indica, transparencia en la toma de decisiones para terminar con la obstaculización de la defensa de la moral pública por presiones relacionadas con actos de corrupción.

Presentaremos un proyecto para una nueva Ley del Sistema Nacional de Control, mediante la cual la Contraloría tenga verdadera autonomía respecto a las instituciones del Estado; disposición que permitirá a la Contraloría actuar como un órgano preventivo, evaluador y fiscalizador, de todas las instituciones y entidades en las cuales el Estado tiene participación; así como establecer un sistema de control de la gestión pública para conocer los resultados de los programas y proyectos que cada sector estatal debe cumplir, de acuerdo con la política y presupuesto gubernamental. Se hace necesario institucionalizar la Auditoría Interna del Gobierno, para evaluar el accionar de la Administración Pública, de acuerdo con los objetivos del Programa de Gobierno. Se creará, en tal sentido, una Contraloría independiente de la Presidencia de la República.

Propondremos un proyecto de Ley creando el Sistema Nacional de la Contaduría General de la Nación.

B.4. DERECHOS HUMANOS

Crearemos las condiciones para la plena vigencia de los derechos humanos, considerando a la persona humana como el fin supremo de la Sociedad y del Estado en cuanto a:

Derecho a la vida

Derechos civiles

Derecho a la propiedad en armonía con el bien común. Se respetará y garantizará el derecho de las personas a las formas y tipos de propiedad. El Estado activará un programa de titulación de propiedad y de registro.

Derechos político-democráticos. Plena vigencia de la libertad para organizar partidos y/o movimientos políticos, derecho al sufragio universal y secreto, no manipulado por ninguna fuerza extraña a la doctrina y principios de la justicia electoral; implementación de mecanismos de participación política y ciudadana.

Derechos relativos al imperio de la Ley y al debido proceso.

Derechos relativos al acceso a los bienes sociales, económicos y culturales.

Derecho a la defensa de los intereses difusos. Se diseñarán mecanismos institucionales y legales para que, de manera individual, grupal o colectiva, las personas sean protegidas en lo relativo a sus derechos de consumidor, a la defensa y preservación del medio ambiente y los ecosistemas, integridad del hábitat, salubridad pública, acervo cultural nacional y otros que, por su naturaleza jurídica, tengan relación con la calidad de vida, el desarrollo sostenible y sustentable y el patrimonio de la colectividad.

Derecho a la equidad e igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida social, económica y política. Respeto a los derechos del anciano, derechos del niño y derechos del joven.

Derecho sin medidas restrictivas que riñan con los derechos humanos para los que sufren prisión.

B.5. ECONÓMICO-SOCIAL

Postularemos un marco de desarrollo económico y social sostenible que dé prioridad al desarrollo humano, bienestar social y desarrollo de una economía competitiva. Enfrentar a la pobreza y a la violencia que ésta origina debe ser un objetivo nacional. No es sólo un acto de justicia sino un seguro de paz. La violencia debe combatirse con medidas sociales y económicas y no sólo con legislación punitiva.

El orden económico debe basarse en una economía social de mercado, sin marginados ni grupos dominantes. Para que este orden económico pueda operar con libertad se necesita de una institucionalidad estable.

Plantearemos una política macroeconómica orientada a la estabilidad y el crecimiento, una política fiscal y monetaria ordenada y responsable, conduciendo las finanzas públicas dentro de un manejo austero, priorizando el gasto social. La política macroeconómica debe propender al incremento del ahorro nacional como base del desarrollo económico.

Practicaremos una política de población orientada al desarrollo nacional y que proporcione soluciones frente a los problemas derivados de las migraciones internas, el desmesurado crecimiento de la población y la formación de fronteras vivas.

Promulgaremos una Ley de la Amazonía que no sólo sea tributarista, sino que también contemple los problemas humanos, ecológicos y de biodiversidad. Debe respetarse la identidad cultural de las comunidades nativas impulsando un proceso adecuado de integración a la modernidad.

La nueva competitividad debe estar basada en: conocimiento e innovaciones continuas, con ventajas comparativas dinámicas; un aparato productivo y de servicios que funcione sobre la base de cadenas y redes productivas de creciente densidad; inversión en capital humano; calidad de productos y economía de escala; explotación limpia y sustentable de los recursos naturales, asentada en cadenas productivas avanzadas y de alta tecnología; usuarios y consumidores bien informados con mercados más transparentes; significativo gasto en investigación y desarrollo en las empresas privadas; y un aparato estatal moderno y eficiente que sea prototipo del cambio y la eficiencia.

Plantearemos como un objetivo del quinquenio (agosto 2001-julio 2005) lograr un crecimiento sostenido que compense el crecimiento demográfico y alcanzar una tasa de ahorro del país razonable, como palanca del desarrollo.

Sobre el Estado

El nuevo Estado debe ser democrático, concertador y descentralizado. Para lo cual desarrollaremos y tendremos en consideración:

Un planteamiento estratégico y una planificación democrática y concertada. Crearemos el Consejo Económico y Social de Concertación, con la participación de los actores de la Sociedad Civil y representantes de la s FF.AA. para concertar en los niveles local, regional, sectorial y nacional, actualizando la tradicional propuesta aprista del Congreso Económico Nacional.

Se actualizará la aceptación del concepto de "bien público" como el mar, los peces, los lagos, bosques naturales, el aire, el agua y otros recursos naturales.

Se respetará la naturaleza histórica pluriétnica del pueblo peruano sin discriminaciones ni excepciones, asumiendo en políticas, por ejemplo, las reivindicaciones culturales de los pueblos de ancestros precolombinos, afroperuanos y de las comunidades campesinas.

Se transitará, procesalmente y de manera técnica, de un Estado centralista hacia la regionalización y municipalización del Estado en proceso de reforma y actualización. Para lo cual se adecuarán y reformularán –acorde con el proceso de descentralización- las leyes nacionales del Poder Ejecutivo, Judicial y del Sistema de Control de Fiscalización. Se dictaminará nuevas leyes: de Bases de Descentralización, Ley Orgánica de Regiones, Ley de Financiamiento Regional y Municipal, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley General de Canon, Ley de Desarrollo de la Amazonía, Ley de Fronteras Vivas. En este marco de reformas se debe redefinir y programar el diseño y gestión del Presupuesto Público y de las rentas y gastos fiscales para alcanzar, en un período de gobierno, que regiones y municipios administren un porcentaje significativo del Presupuesto Nacional. La Ley establecerá que los Gobiernos Regionales deben ser elegidos directamente por el pueblo.

Superando antiguos intervencionismos burocráticos, postularemos un grado de participación estatal inteligente, concertada y democrática en lo relativo a:

La política fiscal y monetaria, para paliar los ciclos económicos, respetando los equilibrios básicos macroeconómicos, como los índices de precios, las cuentas fiscales, la balanza de pagos y las reservas internacionales.

La búsqueda de la justicia social, de la lucha contra la pobreza, de la exclusión y de la generación de empleo; para lo cual se implementará un Fondo de Desarrollo Social –de orientación básicamente productiva- como organismo descentralizado a ser ejecutado por los gobiernos regionales, municipales, comunidades de base, nativas y campesinas, gremios de microempresarios o emprendedores emergentes, cooperativas modernas, comedores populares, organizaciones de mujeres y juveniles, comités del vaso de leche, etc. El Fondo de Desarrollo Social debe ser uno de los principales instrumentos, junto a la descentralización, para enfrentar el nuevo dualismo estructural: la pobreza extrema y la exclusión social

Aplicaremos una regulación democrática y concertada de monopolios y oligopolios para evitar prácticas dominantes sobre el mercado que afecten a los usuarios y consumidores de bienes y servicios, especialmente en lo relativo a las tarifas y servicios públicos.

Utilizaremos una parte del Fondo de Privatizaciones y Concesiones en:

Mejoramiento de las pensiones de los jubilados.

Creando un Fondo para Fomentar las Exportaciones mediante una línea de crédito preferencial en proyectos que incorporen valor agregado y generen nuevos puestos de trabajo. Este fondo será gerenciado por COFIDE y el sistema financiero.

Una parte del Fondo de Privatizaciones debe tener carácter socio-productivo, canalizándola hacia el Fondo de Desarrollo Social a crearse, para generar empleo en los sectores de extrema pobreza.

Sobre la Educación

Reformaremos sustantivamente el sistema educativo nacional para que garantice la más alta calidad educativa en todos los niveles, como base fundamental para generar la igualdad de oportunidades en la sociedad democrática. Profundizaremos su carácter universal y gratuito en todos los niveles.

Realizaremos fuertes inversiones en capital humano y calificación técnica, profesional y científica, transformando todo el sistema educativo público. El capital humano es una forma de capital, recurso fundamental y el principal capital de una nación. Sostenemos que la riqueza de un país está en la inversión que se realice en los seres humanos. Priorizándose a los maestros y maestras, en formación y sueldos dignos, como los actores protagónicos de una educación para el desarrollo económico y social. Postularemos como meta dedicar el 6% del PBI en gasto público en educación en vez del 2.4% actual; es decir que los gastos públicos alcancen, en 5 años, el 29% de los Presupuestos del Sector Público. Plantearemos reducir la brecha entre demanda y oferta educativa del 30% actual al 10% en un período de 5 años y reducir a la tercera parte los índices de deserción escolar, en primaria y secundaria que dejó la dictadura anterior. Un objetivo nacional será universalizar la educación básica (primaria y secundaria).

Garantizaremos el acceso a una educación pública, realmente gratuita y de calidad en todos sus niveles, que rescate nuestro pluralismo cultural y se articule al mundo del trabajo. Reconoceremos y apoyaremos el aporte de la inversión privada en la educación.

La democracia impone un conjunto de actitudes, conductas y responsabilidades que se tienen que inculcar desde la niñez en la educación como el respeto al uso y conservación de los bienes públicos.

Declararemos el sistema de comunicación Internet de necesidad y utilidad públicas, para uso gratuito de alumnos y profesores, comprometiéndose el Estado a convertir la informática en una herramienta sustantiva del proceso educativo en todos sus aspectos.

Las instituciones educativas privadas cumplirán un importante papel complementario en el proceso educativo de acuerdo con los principios y normas del Sistema Nacional de Educación Pública.

Sobre la Salud

Efectivizaremos, aplicando un esquema plural, las políticas de previsión y de protección a la salud y a la seguridad social. Esto implica mejorar la calidad de la nutrición infantil, reducir, drásticamente, enfermedades como la tuberculosis, malaria maligna, etc.; disminuir, significativamente, la tasa de mortalidad materno-infantil; ampliaremos la cobertura de salud a tres millones más de peruanos.

Formularemos un programa de inversiones públicas en el área de salud, realmente planificado, priorizando su equipamiento básico, en alianza estratégica con el capital privado nacional y extranjero, para hacerlo accesible a las grandes mayorías.

En el ámbito de la salud pública se dará prioridad a las acciones promocionales y preventivas, dirigiéndolas a toda la población nacional y no sólo a algunos grupos económicamente privilegiados y urbanos.

La reformulación de los sistemas de servicios de salud debe basarse en la descentralización y en la participación ciudadana, entendidos como procesos sociales y políticos más que como simples mecanismos administrativos. El propósito fundamental de estos procesos es devolver a los ciudadanos, familias y grupos comunitarios su responsabilidad y acción directa y efectiva en el cuidado de la salud colectiva. Ello obliga a utilizar con la mayor eficiencia y creatividad todo el desarrollo científico y tecnológico en el campo de la comunicación social, para poder transferir información y conocimientos necesarios para el autocuidado, las prácticas tendentes a una vida más sana y el tratamiento inicial o precoz de muchas enfermedades.

Con tal fin, propiciaremos la creación de redes de Comunidades Saludables, como expresión de una modalidad del cuidado integral de la salud, donde los principales responsables son los propios ciudadanos a través de una información oportuna y adecuada.

Crearemos el Sistema Nacional Coordinado de Servicios de Salud, efectivamente descentralizado y a cargo de las municipalidades, para promover, apoyar, regular y supervisar todas las unidades ejecutoras, públicas y privadas. Como en el caso de la Educación, el Estado no puede renunciar a su responsabilidad redistributiva, por lo que asignaremos los recursos públicos necesarios para el eficiente funcionamiento de los servicios hospitalarios y de salud a cargo de las municipalidades.

Los programas nacionales de salud que sean indispensables deben descentralizarse bajo una coordinación que apoye sin centralizar y que no concentre las decisiones y la ejecución de acciones.

No se puede omitir el hecho de que la salud es un proceso social resultante de múltiples y variados factores condicionantes y determinantes, que corresponden a ámbitos sociales y económicos muy diversos, lo que obliga a políticas de salud multisectoriales e interdisciplinarias.

Sobre el Medicamento

Velaremos para que el medicamento –en su calidad de bien social como producto estratégico de salud- sea seguro y esté disponible y accesible económica, geográfica y culturalmente a toda la población; especialmente a la de menores recursos y menor nivel de salud, a través de estímulos a los programas de medicamentos genéricos. Para tal fin, reformularemos las políticas sobre los medicamentos, poniendo énfasis en:

El control y vigilancia sanitaria, que comienza con la exigencia del Registro Sanitario.

La gestión de calidad de materias primas y/o productos.

La aplicación de criterios científico-técnicos para su aceptación o rechazo.

El uso racional y la biodisponibilidad del producto.

El sector de la industria farmacéutica – sin afectar su condición de libre empresa en el mercado – estará sujeta a regulaciones por el Estado, en cuanto sus productos –los medicamentos- afectan la salud y la vida de los consumidores.

Propondremos una legislación integral sobre plantas medicinales que incluya su investigación, usos, explotación y exportación, que eviten la depredación del recurso. En ella deberá garantizarse, a través de los órganos competentes del Ministerio de Salud, la calidad, la seguridad, la eficiencia y el uso adecuado de las plantas medicinales, como alternativa para aliviar problemas determinados de salud, prioritariamente en el hábitat de nuestra cultura tradicional.

Sobre la Seguridad Social

En el ámbito de la seguridad social, proponemos la integralidad de las acciones tendientes al reemplazo de la pérdida parcial o total, transitoria o definitiva del empleo. La arbitraria separación de las prestaciones económicas y de salud en sistemas paralelos y separados no es sino una forma de utilización de los recursos de capitalización de los asegurados en beneficio de intereses privados y la condena de los sectores más pobres y necesitados al desamparo en el cuidado de su salud.

Pasaremos ESSALUD a la dirección y administración autónomas de los propios trabajadores y pensionistas, bajo un sistema donde el Estado regule y controle sin administrar directamente.

Dispondremos que el Estado cancele las deudas que tiene a ESSALUD.

Crearemos el Consejo Nacional de Seguridad Social parra concertar las prestaciones económicas sociales y de salud, de acuerdo con estudios actuariales permanentemente actualizados.

Sobre el Medio Ambiente

Practicaremos una política activa de protección al medio ambiente, de acuerdo con normas internacionales y programas especiales de recuperación de los espacios degradados. Diseñaremos una estrategia que privilegie la planeación ecológica de la producción.

Defenderemos los recursos naturales mediante políticas de investigación científica y tecnológica, definición de las condiciones ambientales y culturales del país y los intereses y objetivos sociales de la nación. Desarrollaremos nuevos modelos productivos agropecuarios basados en el aporte de la moderna teoría ecológica (integración de procesos, eficiencia energética, vocación productiva de los ecosistemas) y en el rescate y revaloración de los conocimientos y experiencias de las culturas prehispánicas.

Sobre Economía y Desarrollo

Apoyaremos el desarrollo prioritario de la agricultura y de su articulación con la agroindustrialización del campo. Con este propósito impulsaremos la creación de un Banco de Desarrollo Agrario, que tenga como espacio de cobertura a toda el área rural, que incluya la producción agraria, la ganadera y las actividades de procesamiento productivo y de servicios que operan en el ámbito rural.

Aceleraremos la titulación de la propiedad en el campo.

Fomentaremos, muy decidida y claramente, a la agricultura nacional, para que pueda competir lealmente con la extranjera. La agricultura peruana compite hoy en día con producciones extranjeras que son subsidiadas directa o indirectamente por sus respectivos gobiernos.

Para paliar el creciente déficit en la contribución de nuestra ganadería en la alimentación nacional, propondremos:

La importación de vientres, semen y embriones bovinos, libre de impuestos.

La utilización del maíz nacional en la alimentación animal, haciéndolo competitivo – a través de una adecuada política arancelaria – con el producto similar extranjero.

Reglamentaremos la función de los Comités de Sanidad Regionales con el fin de efectivizar su participación en el cuidado de la salud animal.

Estimularemos la crianza semi-industrial o doméstica de animales destinados a la alimentación humana a través de programas de asesoría técnica, brindados combinadamente por el Gobierno Central y los Gobiernos Locales, incluyendo los ovinos de pelo y el ganado cabrío.

Promoveremos la consolidación de un sólido sector exportador que enfrente, con eficiencia y eficacia, el desafío de la globalización económica dentro de una estrategia integral y sistémica.

Realizaremos un esfuerzo concertado entre el Estado y el Sector Empresarial Privado, para sentar las bases de un proceso de industrialización en una economía mundial más integrada y con países altamente competitivos. Este esfuerzo debe priorizar el mayor dinamismo en las líneas de producción de bienes y servicios en las que el país cuenta con ventajas comparativas que deben transformarse en ventajas competitivas, como son la pesquería, industria textil y minería, en la producción; y el importantísimo sector del turismo, en los servicios.

Proporcionaremos apoyo financiero, técnico y comercial para el desarrollo de la pequeña y microempresa urbana y rural y del empresariado popular.

Promoveremos y protegeremos el libre desarrollo del cooperativismo y la autonomía de sus empresas.

Promoveremos las múltiples culturas y artesanías del país y su patrimonio histórico.

Promoveremos un tejido institucional de ciencia, tecnología e investigación, teniendo a la empresa privada como actor y al Estado como promotor. El Estado debe promover, en el sector privado nacional y extranjero, un ciclo nuevo de inversiones productivas de tecnología de punta en los llamados sectores emergentes: software, microelectrónica, industria de contenidos, tecnologías ambientales, biotecnologías. Promoveremos la masificación del uso de Internet por los usuarios y empresas peruanas. El impulso del esfuerzo científico-tecnológico debe estar orientado a la innovación y a la competitividad, para lo cual el país debe invertir más en ciencia y tecnología, incrementando sus recursos públicos.

Adecuaremos nuevos modelos, ya desarrollados con éxito en otros países latinoamericanos, para la formulación, aplicación, seguimiento y evaluación de políticas macroeconómicas, económico-sectoriales, económico-regionales y sociales.

Reactivaremos la economía para acabar con la depresión y promover el empleo. Para reducir los costos de producción de las empresas modificaremos las cargas tributarias que hoy padecen, incluyendo la reducción gradual del impuesto general a las ventas y los impuestos a los bienes de capital importado. Aplicaremos un régimen tributario que contemple mecanismos de crédito para aquellos gastos que las unidades empresariales hagan para mejorar el capital humano. Crearemos las condiciones adecuadas en el sector agrícola e industrial para que se pueda generar empleo conforme se reactiva la economía. Estimularemos la reinversión, entendida no sólo como incremento de los activos físicos, sino también para la generación de nuevos empleos. Plantearemos la reforma del impuesto a la renta para fomentar la reinversión de las utilidades; las unidades de producción de bienes y servicios que reinviertan utilidades, no serán afectadas, en forma proporcional, por el impuesto a la renta.

Impulsaremos políticas activas del mercado de trabajo mediante incentivos legales, programas de fomento de empleo desde los organismos públicos, programas de formación profesional, programas de mejoramiento de ingresos y de apoyo al trabajo temporal. Crearemos, de manera progresiva, el seguro del desempleo.

Regularemos las tarifas de los servicios públicos dentro de un marco legal que garantice, en primer lugar, la calidad y continuidad del servicio e impida ganancias extraordinarias monopólicas y oligopólicas.

Actualizaremos la Ley de Aguas para que contemple el uso del recurso hídrico como un elemento vital para el desarrollo humano.

Plantearemos la gestión activa del Banco Central de Reserva para lograr que se obtenga una reducción de las tasas de interés efectiva, en consonancia con las necesidades de reactivación de la economía nacional y en armonía con los postulados de la economía social de mercado.

Efectivizaremos el papel regulador del Estado con el objeto de evitar acciones que afecten la economía social de mercado, a fin de para combatir prácticas dominantes monopólicas y oligopólicas.

En el aspecto tributario, insistiremos que debe darse un tratamiento especial desde el punto de vista impositivo, a la importación de maquinarias y equipos nuevos, para reducir los costos de las empresas.

Promoveremos la competitividad de las empresas en el mercado, eliminando los impuestos antitécnicos a las empresas y simplificando la estructura impositiva del país.

Aplicaremos medidas específicas para evitar la competencia desleal de productos extranjeros subsidiados por sus gobiernos, respetando la normatividad internacional adoptada por la Organización Mundial de Comercio.

Liberaremos parte de los depósitos de las CTS para que sus beneficiarios puedan responder a la cuota inicial de los créditos hipotecarios, a fin de transformar el ahorro obligatorio por ahorro en vivienda propia.

Reestructuraremos los créditos al consumo para reactivar el consumo de las familias.

Sobre la Moneda

Tomando en consideración la aceleración de los procesos de integración, estudiaremos la factibilidad de creación de un nuevo patrón monetario, en el marco de un proceso programado que debe ir hacia la constitución de un banco central supranacional, integrado por los diversos Estados miembros del ámbito regional. La propuesta será puesta a debate nacional con estudios que estimen los costos y beneficios de la medida.

Sobre la Deuda

Plantearemos la renegociación de la deuda externa, que permita su reprogramación, en condiciones que no constituyan una carga insostenible para el aparato productivo y la economía del pueblo peruano en general, dentro de un proceso concertado e integrado con los países acreedores y deudores, coincidiendo con la posición de la Iglesia Católica.

Promoveremos, en concierto con los países latinoamericanos, la necesidad de reformar el sistema financiero internacional del Fondo Monetario y del Banco Mundial

Sobre Política Laboral

Formularemos una nueva ley laboral que incluya:

Supresión de las medidas que afecten y/o supriman las organizaciones laborales, gremiales y profesionales.

Convenios sobre la mujer, con los mismos derechos del hombre.

Libertad sindical irrestricta.

Libertad de negociación colectiva.

Erradicación progresiva del trabajo infantil, respetando las normas de los organismos internacionales.

Las condiciones de trabajo.

Sobre las Personas con Discapacidad

Formularemos con visión integral una política nacional para las personas con discapacidad, orientada al reconocimiento de su dignidad como ser humano y para lograr su plena reincorporación al quehacer societario.

Sobre Energía

El recurso energético en su doble papel de "bien de consumo " y "factor de desarrollo", constituirá preocupación importante, poniendo énfasis en los siguientes aspectos:

Definiremos un balance del uso de nuestros recursos energéticos con el objeto de racionalizar y compatibilizar sus explotaciones y usos, para paliar su peligroso desbalance actual, que presenta la paradoja que el recurso energético más escaso, el petróleo, absorbe el 60% de la demanda nacional de energía.

Estimularemos las inversiones en el sector energético –único camino para garantizar su producción y la satisfacción de la demanda futura- mejorando las condiciones tributarias que lo afectan y las garantías a la inversión; así como fomentando las explotaciones mixtas: Sector Privado – Estado.

Promoveremos la exploración y explotación de gas y petróleo en todo el territorio nacional con el objeto de descubrir reservas para llegar al equivalente de 1200 millones de barriles de petróleo hasta el año 2008 que permitirá alcanzar una producción de 235,000 barriles diarios para hacer frente al consumo nacional.

Aplicaremos políticas que estimulen y logren aumentar en los campos petroleros la producción por parte de los contratistas privados. En los actuales lotes ociosos, sin programas de desarrollo, negociaremos su reversión al Estado para buscar nuevos contratistas.

Impulsaremos la explotación del gas de Camisea para que realmente comience a producir gas y condensados el año 2004. Para aumentar su precario mercado actual, estimularemos a los consumidores potenciales para que superen las dificultades que presenta el cambio del patrón energético de consumo, a través de medidas tributarias y arancelarias.

Estimularemos el desarrollo de fuentes alternativas de energía no convencional.

Sobre el Sector Industrial

Buscaremos soluciones efectivas para paliar el urgente problema financiero a través de la cooperación de la banca privada, COFIDE y SUNAT para lograr mejorar las exigencias de su deuda en cuanto a plazo y tasas de interés.

Estimularemos el consumo vía rebaja del I.G.V. en armonía con las exigencias de la Caja Fiscal , para robustecer el mercado interno.

Estimularemos el aumento de la capacidad adquisitiva de la población promoviendo la difusión del uso de la banca personal y el acceso al crédito de consumo, en coordinación con los agentes económicos intervinientes.

El aumento de nuestra capacidad exportadora será favorecida desde el ángulo estatal mediante políticas tributarias y arancelarias, respetando los compromisos internacionales.

Iniciaremos, en el horizonte del mediano plazo, la aplicación de políticas que estimulen la reconversión industrial que haga más eficiente nuestra industria y permita una mejor utilización de los recursos de materia prima, tecnológicos y financieros.

En el sector pesquero:

- Impulsaremos las investigaciones científicas para lograr nuevas aplicaciones en el uso del aceite y la harina de pescado

- Sistematizaremos, con la cooperación de pescadores y consumidores, el consumo del pescado como elemento básico de la dieta del poblador peruano.

En el sector minero:

Estudiaremos reducir el nivel impositivo del sector minero para posibilitar la ejecución del mayor número de proyectos mineros a fin de hacerlos competitivos a nivel mundial.

Restableceremos el apoyo estatal para desarrollar la pequeña minería, como fuente primaria de la mediana y gran minería nacional, comenzando por simplificar, en tiempo y costo, la obtención de la propiedad minera para el pequeño minero.

Practicaremos una severa política de protección al medio ambiente como consecuencia de una explotación minera ineficiente.

Estudiaremos la reducción de la edad para la jubilación de los trabajadores de la minería subterránea.

B.6. POLÍTICA EXTERIOR

Las relaciones exteriores se sustentarán en la integración regional y continental, la paz, el respeto a los tratados internacionales y la autodeterminación de los pueblos.

Reconoceremos, frente al proceso de mundialización, la necesidad de constituir un bloque regional que abarque la Comunidad Andina de Naciones y Mercosur, dentro de un proceso que posibilite una relación adecuada con el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas.

Incluiremos en la Agenda de la Política Exterior, como parte de la Agenda Programática de Gobernabilidad, lo siguiente:

Impulsaremos concertadamente, desde el nivel regional, la construcción de un orden económico mundial que incluyendo los valores de solidaridad se oponga al "darwinismo" económico.

Formularemos una estrategia de corto, mediano y largo plazo que responda al desafío del proceso de globalización económica, social, política, científica y tecnológica donde se priorice la defensa de la democracia, los derechos humanos, el fortalecimiento de la Comunidad Andina de Naciones, la relación con nuestros vecinos, con el Grupo de Río, con la Cuenca del Pacífico, con el Mercosur y con los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, haciendo realidad nuestra gran propuesta de la unidad interamericana democrática sin imperio.

Dinamizaremos y/o concretaremos las políticas, programas y proyectos de integración binacional con nuestros vecinos: Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia y Chile.

Pondremos en operación los Proyectos Especiales de Fronteras Vivas.

Incrementaremos las relaciones de cooperación, políticas y económicas, con las potencias emergentes del siglo XXI: China, Rusia e India.

Plantearemos las redefiniciones y reestructuraciones institucionales de las Agendas de la Organización de Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, tomando en consideración las transformaciones actuales del sistema internacional.

Intensificaremos las relaciones Sur-Sur, impulsando y dándole una nueva dinámica a los mecanismos de cooperación.

Desarrollaremos una estrategia conjunta con los países consumidores y productores para hacer frente al narcotráfico.

Reforzaremos la institucionalidad y profesionalización del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Diplomático de la República.

Orientaremos la formación institucional de las FF.AA. compatible con la formación de una fuerza interamericana de defensa.

MIEMBROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CONAPLADES

Abarca Alfaro, David

Alarcón Villena, Juan

Arias Vera, Fernando

Balcázar Rioja, Guillermo

Bedoya Vélez, Luis

Calle Hayden, Fernando

Campos Lama, Alberto

Castro Alarco, Alejandro

Concha Fernández, Eduardo

Cortés Huerto, Hernán

Domínguez Del Río, Gilberto

Fernández Valdivieso, Joffré

Flores Ágreda, José René

Flores Vinces, Guillermina

Galarza Villar, Lucio

García Cabrejos, Adriana

Guardia Salas, Guillermo

Haya de la Torre la Rosa, Agustín

Huayta Guzmán, Wilfredo

Leiva Alfaro, Juan

Lezama Tirado, Juan Francisco

Montalvo Callo, Efraín

Murillo Garaycochea, Percy

Núñez del Prado Alarcón, Roberto

Parra Herrera, Germán

Perinango Gonzales, Lázaro

Robles Freyre, César

Rosadio Bernal, Raúl

Salino Baca, Miguel

Sanz Parr, Víctor

Sanches De la Cruz, Julia Gloria

Sánchez López, Temístocles

Santa María Calderón, Alfredo

Sifuentes Ibarra, David

Solís Rojas-Loayza, César

Tantaleán Vanini, Víctor

Tejada de Rivero, David

Valdez Mamani, José Antonio

Vasques Juárez, Nelson

Vera La Rosa, Alberto

Vivas Iberico, José

Vicuña Vidal, Zózimo

Yafac Huerta, Roberto

AGENDA DEL APRA EN EL NUEVO SIGLO

CONAPLADES, Febrero 2001